Alberto Fernández envió el proyecto de ley que modifica el régimen de promoción a la economía del conocimiento con menos beneficios a las empresas grandes que el sancionado hace un año y la posibilidad de subirles los impuestos en cualquier momento. 

También hay un límite los servicios profesionales, que sólo podrán sumarse si el 70% de su trabajo se vende al exterior y cuentan con facturación propia. Las empresas grandes deberán aportar más en capacitación, investigación y desarrollo; mientras que la autoridad de aplicación tendrá mayores herramientas para definir a las compañías beneficiadas.

Una de las modificaciones más polémicas es que el Gobierno podrá volver a subir impuestos al sector y lo justifica ante la posibilidad de "afectar condiciones de equidad y justicia con otros sectores sociales y productivos".

Cruces entre Cambiemos y el Gobierno por la suspensión de los beneficios al software

En Cambiemos anticiparon su rechazo. "La estabilidad fiscal que era el corazón de la ley y suponía que no podían crearse nuevos impuestos a la actividad fue borrada de un plumazo y sustituida por estabilidad de los beneficios", protestó el radical Luis Petri.

LPO /Juan Carlos Casas

"De aprobarse y como el propio proyecto dice el Estado les puede imponer nuevos tributos, echando por tierra la idea de estabilidad fiscal, que oficialistas y opositores habíamos acordado al momento de su aprobación, para promover la generación de empleo y el desarrollo del sector", afirmó el diputado mendocino.

En el bloque oficialista quieren aprobar la ley el jueves 27, previo dictamen un día antes, y creen contar con los aliados para llegar a la mayoría simple y enviarlo al Senado. Los beneficios al software se implementaron en 2004 y la última renovación fue el año pasado, con de las pocas leyes consensuadas entre oficialismo y oposición, pero Alberto lo derogó porque consideraba excesivos los beneficios impositivos y envió esta ley para reemplazarla.